Con motivo de la celebración del Día Mundial del Ambiente compartimos las palabras del Compañero Harold Fernández, Secretario de Medio Ambiente y Políticas contra el Cambio Climático de la CONTAGUAS.
La dependencia y la educación
Los gobiernos neoliberales en América Latina y el Caribe ponen al servicio de las potencias dominantes nuestros países, su legislación y las políticas públicas en Ambiente, Agua y Saneamiento implementándolas a través de las instituciones públicas.
A su interior, los funcionarios públicos, muchos de ellos sindicalizados, por su deficiente educación política se convierten en la correa de transmisión de las inequidades sociales institucionalizadas por el Estado y socialmente aceptadas como normales, hechas para “países subdesarrollados”.
Es una tarea fundamental de los sindicatos formar los trabajadores, educarlos políticamente para que se conviertan en sujetos activos del cambo que necesita el Estado y sus instituciones para lograr un mejor desempeño, más democrático. El desarrollo de una Cultura de Estado equivale a formar funcionarios defensores de lo público y no de tecnócratas o sujetos pasivos al servicio de intereses económicos privados y monopólicos.
Es su responsabilidad crear las condiciones, desde el interior de la institucionalidad, para cultivar una Cultura de lo Público al servicio del pueblo; su población objetivo, los funcionarios de carrera y de los miembros de la sociedad civil que organizadamente se encuentran dentro de las instituciones del Estado, afilados a las organizaciones sindicales, claro está, si tanto funcionarios y/o trabajadores sindicalizados adquieren una formación que cualifique su desempeño en defensa de los bienes comunes de toda la sociedad.
El capital humano de una institución pública representado en los trabajadores sindicalizados representa una real oportunidad para la transformación del Estado en uno más democrático. Una organización sindical tiene un mayor margen de libertad política en comparación con una organización de Estado y por ende el sindicato tiene una mayor probabilidad de lograr desarrollar a través de la educación y de una sólida formación política un espíritu crítico y constructivo de sus afiliados, que contribuya a la edificación de una institucionalidad más cercana a la ciudadanía, más inclusiva y transparente.
Aprender transformando
Esa educación y formación política no se logra artificialmente en recintos separados de una realidad en dinámica evolución. Es sobre la labor misional de la organización pública que parte el interés de aprender-enseñar para los trabajadores teniendo como punto de referencia las transformaciones sociales necesarias para el desarrollo de un modelo productivo ambientalmente sostenible y sustentable. Es proyectando el compromiso solidario entre trabajadores con otros sectores de la sociedad y su entorno que los trabajadores públicos planteamos la defensa del Agua como un derecho fundamental a la Vida (de todos los seres vivos) y un derecho humano fundamental (agua potable, de consumo humano).
La información oficial
El carácter de la Información Oficial está centrado en que representa la expresión legítima del Estado a través de sus instituciones y en vocería de los funcionarios públicos de carrera y los miembros del gobierno de turno.
Aunque la información es teóricamente pública, no está al servicio del pueblo o lo está pero muy limitadamente, pues los tomadores de decisiones y dirigentes gubernamentales en su mayoría responden a intereses políticos, económicos sectoriales y de clase social, que de facto impiden que la información que sustenta la toma de decisiones de lo público sea conocida y compartida por la población objeto de la intervención del Estado a través de la implementación de las políticas públicas.
Información oficial-intersectorial
Es imperiosa la necesidad de promover la producción del conocimiento oficial-intersectorial que involucre activamente a los grupos sociales organizados afectados por las desigualdades e injusticias relacionadas con el control y la gestión del agua, pertenecientes a la sociedad civil.
La información oficial producida desde el Estado hace parte de la institucionalización de ese sentido común productor y reproductor de conflictos socio-ambientales. Es fundamental para un mejor relacionamiento Estado-Sociedad Civil una apertura política que permita la interacción con las organizaciones comunitarias para efectos de cubrir las deficiencias en la producción de información, en la planificación territorial y en la planificación de la inversión pública.
Somos los trabajadores pertenecientes a los sindicatos públicos ese puente natural entre la sociedad y las instituciones públicas para el logro de esa apertura política, que desde su interior llevaría al desarrollo de un Estado más democrático, capaz de direccionar los recursos públicos destinándolos con mayor efectividad a la gestión ambiental compartida de territorio y para la prestación de servicios públicos de Agua y Saneamiento a la población rural, atendiendo el deber de prestarlos como un derecho humano fundamental.
De esta forma se enfrenta la justificación neoliberal del Estado de no atender su responsabilidad social con las poblaciones de bajos recursos, por estar imposibilitado de saber con mayor precisión (incapacidad de producción de datos e información en una menor escala), sobre esta base poder planificar, sobre la anterior asignar presupuestos y por ultimo invertir en la conservación de los ecosistemas y las cuencas hidrográficas al tiempo de hacerlo en soluciones de aprovisionamiento de agua potable adecuadas a las necesidades reales de las poblaciones campesinas y factibles de ser asumidas de forma sostenible por ellas mismas.
Autoridad y legitimidad
Bajo los designios del sentido común y una baja profesionalización, en una institucionalidad pública precaria, el ejercicio de la autoridad se concibe como un privilegio de quienes detentan una posición de Estado, fruto de un poder legalista, unilateral e incuestionable.
Es así como se entregan impunemente al mejor postor los bienes públicos por parte de dirigentes políticos de turno. Con sus agentes ubicados al interior del Estado, tecnócratas a su servicio, implementan las políticas neoliberales de debilitamiento de las instituciones en favor de intereses privados que socialmente representan o de poderes monopolísticos que los cooptan, si no antes, después de su pasantía por el Estado; uno de los tantos casos lo ilustran funcionarios públicos del sector ambiental, que provienen de las multinacionales mineras y energéticas, o que regresan a ellas al entregar sus cargos en el sector público.
En éste como en muchos otros aspectos generan determinados actores políticos una gran distancia entre el Estado y la sociedad civil organizada, desencuentro socialmente institucionalizado e impuesto por los intereses privados que ocupan y ejercen su hegemonía desde el interior del Estado.
Resistencia y gestión comunitaria del Agua
En el contexto de la sociedad civil las organizaciones comunitarias de los Acueductos (sistemas de aprovisionamiento de agua), resisten los embates del neoliberalismo contra el desarrollo rural en detrimento de la producción agropecuaria campesina y en pro del comercio multinacional.
Las comunidades campesinas organizadas mantienen vivo su proyecto de gestión comunitaria del Agua, en medio de la adversidad de políticas públicas privatizadoras que bajo una ideología modernizante pretenden justificar el ataque contra la gestión comunitaria del Agua, equiparándola a la gestión de grandes empresas urbanas públicas o privadas, exigiéndoles estándares de gestión inalcanzables, sin haber hecho las inversiones previas que podrían supuestamente justificar sus exigencias.
El fantasma del monopolio multinacional no solo se cierne sobre la gestión comunitaria con la firma de los Tratados de Libre Comercio y la entrada de las multinacionales, también a través del Estado con las grandes empresas públicas que bajo la misma directriz ideológica y desconociendo su carácter público, adoptan políticas monopólicas de mercado buscando en un primer impulso absorber los pequeños acueductos comunitarios en una lógica desarrollista de sostenibilidad mercantil empresarial lejos de la lógica de sostenibilidad y sustentabilidad social comunitaria, más identificada con un desarrollo a escala humana, la del desarrollo social, económico y cultural de cada comunidad en particular, de acuerdo con su historia y contexto.
La defensa de la empresa pública del Agua no asegura por sí misma la defensa del Agua en manos del pueblo; la quiebra de las empresas públicas y su venta amañada al sector privado, es parte de las estrategias privatizadoras que a través de la corrupción someten el interés público al privado.
El papel de los trabajadores de las instituciones y empresas públicas es fundamental cuando se trate de establecer relacionamientos constructivos y solidarios entre el sector público de gestión empresarial del Agua y el sector comunitario de gestión social del agua.
La construcción conjunta y solidaria, entre trabajadores públicos y Comunidades organizadas, del territorio socio-ambiental, Cuenca Hidrográfica Abastecedora del Acueducto Comunitario, es el medio de visibilizar territorialmente la problemática del agua, al tiempo de generar identidad y pertenencia para una gestión intersectorial ambiental territorial desde el ámbito local.
La violencia institucionalizada
La apropiación y uso del territorio que conforma la cuenca hidrográfica abastecedora de los Acueductos Comunitarios, área geográfica que asegura la regulación sostenida del recurso hídrico en el tiempo, tanto para actividades productivas como para consumo humano, es un elemento importante de la estructura económica que expresa profundas desigualdades socioeconómicas, las que a su vez inciden en los conflictos sociales asociados a la gestión del Agua.
A históricas formas de violencia y expoliación de poblaciones campesinas que produjeron desplazamientos masivos y condujeron a la lucha armada y la guerra civil, se yuxtaponen desde entonces y aún persisten formas de desplazamiento económico que bajo la misma lógica de apropiación y concentración de la propiedad de la tierra, enajenan por medios mercantiles la propiedad (compra y arriendo,) o su uso preferencial, como el que viven poblaciones enteras de campesinos minifundistas que ven amenazadas sus condiciones materiales de supervivencia al ser desplazados por los latifundios de producción agrícola nacional y multinacional, como por ejemplo, para la producción de biocombustibles a partir del cultivo de caña de azúcar o la producción de papel, a partir del monocultivo forestal.
El papel monopólico
El caso de los grandes monocultivos contiene estos mismos aspectos históricos en su desarrollo, generando impactos ambientales y conflictos socio-ambientales con sus actividades productivas ambientalmente no-sostenibles, tales como la contaminación por el uso de agroquímicos, la concentración de la propiedad de la tierra, la concentración del uso del suelo (acaparamiento de tierras en arriendo) y las afectaciones graves del monocultivo sobre la integridad de los ecosistemas y la biodiversidad entre otros.
El desecamiento sistemático y gradual de nacimientos, humedales y vertientes de las microcuencas hidrográficas. La desprotección y eliminación gradual de los bosques naturales y las coberturas vegetales de las Áreas Forestales Protectoras de los bosques riparios o de galería, que en el territorio hídrico demarcan los cauces que conforman desde los pequeños arroyos hasta los ríos, todo ello afectando la capacidad de regulación hídrica del territorio reduciendo la oferta sostenida en tiempo del recurso tanto para las actividades productivas, de producción de alimentos y consumo humano que aseguran las condiciones de subsistencia de las poblaciones locales.
La desprotección del suelo durante los períodos de cosecha, vulnerado ante la influencia de fenómenos naturales como la lluvia que conlleva al lavado del suelo por las escorrentías y por ende de fuerte cargas de sólidos en el agua y en los acueductos comunitarios.
La Banca multilateral
El Banco Interamericano de Desarrollo BID es la entidad financiera que respalda la inversión para el desarrollo de proyectos de infraestructura, en promoción y desarrollo de la políticas gubernamentales en Agua y Saneamiento de los gobiernos en las Américas, recursos direccionados desde entes intergubernamentales y ejecutados por el banco a través de sus divisiones de Agua Potable y Saneamiento Básico, Recursos Naturales y la de Cambio Climático y Sostenibilidad.
La promoción de proyectos de construcción de Reservorios de Agua parecería una sana medida en apoyo al riesgo de desabastecimiento por el cambio climático y se asegurara el cumplimiento de las “compliances” o conformidades con las Salvaguardas Ambientales y Sociales, así como el seguimiento de los empréstitos financieros, de la financiación o apalancamiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible ODS o de los Fondos de cofinanciación (matriz energética).
Sin embargo, en la realidad son intervenciones que desde el orden internacional hasta el nacional camuflan estrategias directas e indirectas de apropiación y privatización del agua y los servicios asociados por la vía de su mercantilización.
Este tipo de proyectos se convierten en engranajes de procesos de producción y reproducción de desigualdades socialmente estructuradas dentro el modelo de desarrollo para países dependientes. Van dirigidos a asegurar el control y acceso al recurso hídrico y a los servicios públicos relacionados con el agua, no están pensados para asegurar las condiciones hidrográficas de su producción ambientalmente regulada y mucho menos para anteponer el Agua Potable como un derecho humano ante el derecho mercantil de apropiarsela.
Esos embalses no consideran desde su diseño y prefactibilidad sus impactos sociales y ecológicos en una perspectiva de un desarrollo socioeconómico ambientalmente sostenible y sustentable; su desarrollo e implementación es inconsulta, y en ausencia de controles democráticos apropiados, promueven su apropiación por la vía mercantil por parte de los sectores con mayor poder económico incluida la privatización de los servicios públicos.
Bajo esta misma dinámica, aunque con carácter financiero netamente multinacional, otra gran evidencia del menosprecio por la conservación de las fuentes de agua y de las poblaciones que de ella dependen para su supervivencia lo representan los megaproyectos extractivistas de explotación minera en los páramos, bosques y ecosistemas a todo lo largo de las cadenas montañosas del continente americano.
Cultura y sometimiento
Son siglos de colonialismo los que han moldeado la producción y reproducción de desigualdades históricamente anquilosadas en el sentido común, desigualdades naturalizadas en la población, pasando desapercibidas, como la inaceptable calidad del agua suministrada para consumo humano a las poblaciones campesinas. Ese mismo sentido común es sujeto de confrontación desde una posición crítica de la realidad y solidaria con la defensa del ambiente y los bienes comunes en una sociedad más justa, equitativa y democrática.
Es común encontrar dentro de las instituciones públicas, en sus departamentos o dependencias y hasta en las formaciones de profesionales que las habitan, una muy deficiente visión política de lo público que conduce a grupos enteros de funcionarios a cumplir ciega o pasivamente el rol de correa de transmisión de procesos de producción y reproducción de desigualdades y conflictos.
Un trabajador del sector público sin formación política es un funcionario vulnerable, presto al servicio de la acumulación privada de capital, la monopolización y control del agua y de los servicios públicos en lugar de contribuir a la distribución socialmente igualitaria de los beneficios derivados del uso adecuado del recurso hídrico. Es a través de esas falencias que se reproducen las tensiones y contradicciones entre el Estado y los actores sociales, en el proceso de implementación de políticas públicas y la gestión del agua.
La proyección de los trabajadores del sector público hacia las problemáticas socio-ambientales en el contexto de la defensa intersectorial del agua es una oportunidad de fortalecer el compromiso solidario entre la comunidad de trabajadores con su equivalente, en la defensa de los bienes comunes, con otras comunidades de la sociedad civil, con las que se comparte la defensa del Agua como un derecho fundamental a la vida y un derecho humano fundamental.
Es en ese contexto amplio de la lucha democrática en el que los trabajadores del Estado debemos posicionar el debate público de lo institucional y su papel en defensa de lo público, en un modelo de desarrollo a escala humana, ambientalmente sostenible y sustentable.
Acuerdos puente
Los Acuerdos Público-Comunitarios y Comunitarios-Comunitarios son esos puentes que desde la CONTAGUAS promovemos los trabajadores de los sectores de Ambiente, Agua y Saneamiento, en dirección de las instituciones públicas del Estado, al interior de las cuales nos encontramos, como trabajadores públicos, y en dirección de la Sociedad Civil, con las organizaciones de Acueductos Comunitarias; el objetivo: la defensa y recuperación de lo público y comunitario en el proceso de implementación de las políticas públicas ambientales y de gestión del agua en todos los países de las Américas, y sobre la base de la solidaridad y hermandad que irradiamos desde el mundo del trabajo.
Cro. Harold Fernández
Secretaría de Medio Ambiente y Políticas contra el Cambio Climático
CONTAGUAS